(Por DD) La Cámara Paraguaya de Aguateros (CAPA) anunció que para operar mejor necesitan que el Estado modifique la Ley N° 1614, que regula el servicio de provisión de agua potable y alcantarillado sanitario, por establecer que los bienes de la empresa pasen a ser públicos y las aguateras no puedan utilizarlos para acceder a créditos.
“Capaz seamos los únicos empresarios que no pueden utilizar sus bienes como garantía para acceder a créditos, entonces eso nos limita mucho. La ley, en su artículo 57, nos impide mejorar el servicio, cosa que venimos haciendo con capital privado desde los años 80 porque el Estado está ausente”, afirmó Pablo Candia, presidente de la CAPA. El titular mencionó que muchas empresas iniciaron perforando un pozo para el uso familiar, después los vecinos veían el trabajo y lo pedían, por lo que nació el negocio, pero ahora es mucho más difícil.
El artículo 57 de la Ley N° 1.614 considera bienes afectados al servicio público a todos aquellos indispensables para la prestación del servicio de provisión de agua potable, es decir las redes e instalaciones necesarias en lugares de dominio público municipal o estatal, los inmuebles donde se encuentren las principales instalaciones necesarias para la prestación del servicio, muebles, vehículos y herramientas destinadas a la prestación y cuyo reemplazo no pudiera hacerse sin afectar la prestación.
La ley categoriza a este tipo de bienes de uso público, sin importar quién los hubiera construido, instalado o adquirido, y consecuentemente, también son inembargables, imprescriptibles e inajenables.
Según Candia, el argumento utilizado para mantener esta legislación se sostenía en que es el Estado que se debe encargar de brindar servicios a la ciudadanía, sin embargo, reclamó que son los aguateros privados los que se hacen cargo de la inversión y el Estado literalmente confisca sus propiedades, ya sean plantas de bombeo, herramientas y/o maquinarias.
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