Cada primero de mayo recordamos la dignidad de quien trabaja. Sin embargo, en Paraguay —y en gran parte de América Latina— esta dignidad está hoy doblemente amenazada: por políticas que desregulan derechos laborales bajo promesas vacías y por la creciente variabilidad climática que golpea especialmente a los trabajadores más vulnerables. Defender los derechos laborales es, ahora más que nunca, defender los derechos humanos.
Mientras el mundo conmemora el Día Internacional de los Trabajadores, en Paraguay se impone un fenómeno preocupante: el avance silencioso de una retórica de “reformas” que, bajo el disfraz de “flexibilización” y “modernización”, buscan desmantelar protecciones históricas conquistadas con décadas de lucha obrera, acusaciones de comunismo y torturas vejatorias en la dictadura.
Esa retórica se convirtió en narrativa y cobró fuerza el 12 de septiembre de 2024, cuando durante la Expo Negocios el presidente Santiago Peña afirmó: “la estabilidad hoy está condenando a los trabajadores paraguayos a no jubilarse. Las estadísticas, los números lo demuestran”. Posteriormente, el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez García de Zúñiga, se refirió a la necesidad de flexibilizar el mercado laboral, incluso sugiriendo la eliminación del salario mínimo.
Toda la maquinaria mediática al servicio de ciertos grupos empresariales que el gobierno gestiona (¿o que gestionan al gobierno?) difunde sistemáticamente mensajes a través de “expertos” que destacan las supuestas bondades de eliminar derechos laborales.
En contraste, el más reciente informe subraya que una de las principales deficiencias estructurales en la región es la alta informalidad. Paraguay, junto con Perú y Ecuador, encabeza este problema.
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