Un reciente video difundido por un empleado de la maquiladora Hoahi S.A. destapó nuevamente la controversia en torno al cuestionado empresario chino Long Jiang. En las imágenes se observa la existencia de cámaras en los baños de la fábrica, ubicada en Ciudad del Este, desmintiendo las declaraciones de Miguel Ángel Segovia, encargado regional del Ministerio […]
Un reciente video difundido por un empleado de la maquiladora Hoahi S.A. destapó nuevamente la controversia en torno al cuestionado empresario chino Long Jiang. En las imágenes se observa la existencia de cámaras en los baños de la fábrica, ubicada en Ciudad del Este, desmintiendo las declaraciones de Miguel Ángel Segovia, encargado regional del Ministerio de Trabajo, quien había negado previamente esta situación. Este episodio evidencia la protección descarada que el MTESS brinda al empresario, señalado reiteradamente por violaciones del Código Laboral.
El año pasado, técnicos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), con apoyo de personal de Asunción, realizaron una inspección en la planta de Hoahi S.A. Según Segovia, durante esta supervisión, se revisaron condiciones laborales, incluidas las instalaciones sanitarias, sin encontrar cámaras. Sin embargo, el reciente video contradice estas afirmaciones, dejando al descubierto que las inspecciones no solo fueron insuficientes, sino que probablemente estuvieron destinadas a encubrir las irregularidades en lugar de sancionarlas.
Long Jiang, apodado “el chino rojo”, parece gozar de un manto de protección que trasciende las fronteras empresariales. Fuentes señalan que figuras políticas de alto rango, como el vicepresidente Pedro Alliana y el senador liberal Ever Villalba, estarían vinculadas al empresario. Incluso, Jiang habría llevado a parlamentarios a una gira en China Continental, reforzando sus influencias.
Esta red de conexiones también parece alcanzar al propio Ministerio de Trabajo, cuya inacción es cada vez más evidente. Según denuncias, las inspecciones deben ser autorizadas por la central en Asunción, donde se filtran detalles a los empresarios, dándoles tiempo para “prepararse” y eliminar posibles evidencias que les comprometan.
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