El caso Ueno obliga a mirar más allá de los depósitos. El BCP inició su resolución el 2 de noviembre por insuficiencia de solvencia. Ahora debe esclarecerse quién custodia los datos personales y biométricos vinculados a sus clientes. El patrimonio digital también comprende información que condiciona el acceso al crédito y a servicios esenciales.
Un rostro o una huella no son contraseñas reemplazables. Su eventual exposición puede provocar fraudes, litigios, gastos de seguridad y pérdida de confianza. No hay evidencia pública suficiente para afirmar que las bases hayan sido filtradas o vendidas. Por eso hacen falta verificaciones independientes, no rumores ni promesas de protección.
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