El TSJE garantiza que el voto es “libre y secreto” | Diario Vanguardia

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Además, el Código Penal establece los delitos electorales con sanciones carcelarias para determinadas acciones que atentan contra el derecho al voto. PROHIBICIONES > Portar armas en un radio de 200 metros de los colegios electorales, aunque se tenga la licencia > Celebrar espectáculos públicos hasta dos horas después de las elecciones > 15.701.000 > Instalar PC en un radio de 200 metros de los locales de votación > Ingresar con celular o cámaras fotográficas para votar > Reunirse en masa en un radio de 200 metros de los colegios electorales DELITOS ELECTORALES > Sanción: 5 años o multa. Sanción: 5 años o multa. Sanción: 2 años o multa. Sanción: hasta 1 año de cárcel > 23.551.000 >

Ante las amenazas de ciertos dirigentes políticos de que se sabrá quiénes votaron o no por ellos, el asesor del TSJE, Luis Alberto Mauro, aclaró que eso es imposible. Aseguró además que no se aplica la multa por no ejercer el derecho este domingo.

ASUNCIÓN. “No hay forma de que se pueda saber por quién se vota. El voto es secreto y depende de cada cual. Incluso, los miembros de mesa no saben por quién votó porque la papeleta se entrega doblada”, garantizó Luis Alberto Mauro ayer en radio ABC Cardinal. Calificó de grandes mentiras y “estafas al elector” las amenazas emitidas por muchos políticos de que, tarde o temprano, se sabe quiénes los votan y quiénes no.

Por otra parte, reiteró que es un delito electoral llevar celulares hasta el cuarto oscuro, que también es una exigencia de algunos dirigentes que piden fotografías de las papeletas como prueba. Si bien admitió que no existe manera de evitar que introduzcan los teléfonos porque nadie puede revisarlos, aseguró que si es que uno es pillado cometiendo el hecho puede recibir una pena de hasta dos años de prisión.

En cuanto a las multas por no votar, señaló que las normativas establecen que son de hasta dos jornales mínimos (aproximadamente G. 150.000), pero, una vez más, una laguna legal impide su cumplimiento. En la Constitución no se establece qué institución deberá cobrar las penalizaciones ni su destino. “En la práctica, el voto es libre”, agregó Mauro.

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