La resolución fue firmada por los miembros del máximo órgano electoral, Jaime Bestard, María Elena Wapenka y Alberto Ramírez Zambonini el pasado 15 de febrero y dado a conocer públicamente el día de ayer por la Justicia Electoral.
El documento autoriza a las organizaciones políticas participantes a designar dos apoderados técnicos titulares y dos suplentes para auditar los procedimientos y programas relacionados con las máquinas de votación en las distintas fases y procesos a ser realizados.
“La Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación (DTIC) facilitará un laboratorio para realizar las pruebas correspondientes. El periodo de tiempo que operará este laboratorio será determinado por la misma dirección, la cual designará a los funcionarios técnicos que acompañarán a los auditores durante el proceso”, reza la resolución.
Agrega, por último, que la DTIC será la encargada de elaborar un cronograma para la realización de las auditorías, informando las fechas y lugares en que se realizarán los procesos de auditoría de cada una de las fases y procesos establecidos.
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