Las protestas se dieron debido a denuncias en contra de directivos y una treintena de docentes del colegio público de San Lorenzo, que alberga en promedio a 1.200 jóvenes cada año.
Pese a que las aguas ya están calmas, esta intervención con un equipo de técnicos del Ministerio al frente persiste.
Los interventores ya quieren dejar el local, pero los padres están temerosos de que los viejos denunciados se hagan cargo de nuevo.
“Lo que hicimos diferente en la institución educativa fue rendir cuentas públicas a todos los estudiantes, docentes y padres interesados, incluso con la participación de ellos mismos a través del EGIE”, indicó uno de los coordinadores de la intervención, Bernardo Boris.
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