Bogotá, 10 dic (EFE).- Hace un mes, un bombardeo en la selva colombiana del Guaviare, ordenado por el presidente Gustavo Petro, mató a 19 guerrilleros, entre ellos siete menores reclutados. Fue el ataque más letal desde que llegó al poder en 2022 y desató la peor tormenta de derechos humanos de su gobierno, que había prometido una 'paz total' anclada en el diálogo.
La operación del 10 de noviembre contra disidencias de las FARC al mando de alias Iván Mordisco, el criminal más buscado de Colombia, no fue un hecho aislado. En el último año y medio, la administración de Petro ha lanzado al menos otros doce bombardeos contra grupos armados y, en cuatro de ellos, desde agosto, murieron al menos 15 menores, incluidos los siete del Guaviare.
Eso encendió las críticas a Petro ante un aparente cambio en su política de seguridad. Como opositor, él había cuestionado duramente a gobiernos anteriores por bombardeos que dejaron menores reclutados entre las víctimas. También dejó al Ejecutivo atrapado en un dilema difícil de conciliar, el de cómo frenar unas guerrillas que crecen en poder territorial y efectivos, mientras se protege la vida.
El presidente pidió perdón a las familias de los menores, pero también repitió que sus operaciones respetan el Derecho Internacional Humanitario, "incluso ante el tratamiento al menor combatiente", y rechazó los llamados de la Defensoría del Pueblo a suspender bombardeos donde puedan estar menores.
"Si se suspenden los bombardeos, los capos van a reclutar más niños y niñas", afirmó Petro en X, en medio de un repunte del reclutamiento forzado, que alcanza uno de sus picos desde el acuerdo de paz con las FARC de 2016.
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