Un grupo de docentes agremiados en la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay (OTEP) se manifestó frente a un local escolar donde el presidente de la República, Horacio Cartes, y la ministra de Educación, Marta Lafuente, participaban de un acto en el primer día de clases. Las pancartas que exhibían los manifestantes hacían alusión al pésimo estado en que se encuentran las escuelas, a que no tienen bibliotecas o que los niños deben hacer sus necesidades en letrinas comunes.
Es bueno ver que nuestra gente de a poco despierta y protesta en los diferentes ámbitos. Cuando en noviembre del 2013 se descubrió que el diputado colorado José M. Ibáñez hizo contratar en la Cámara a sus cuidadores de casa de campo, la gente le demostró su indignación no permitiéndole sentarse a cenar cómodamente en un restaurante.
Sin embargo, en el caso de los docentes, más que a la ministra y al Presidente de la República, a quien deben hacer no solo manifestaciones sino escracharlos, vociferarlos, denunciarlos hasta que vayan a parar a Tacumbú, es a los centenares de intendentes que han derrochado, malversado o robado el dinero destinado a la educación. ¿O es que no ven durante todo el año en qué condiciones dan clases?
En los últimos cuatro años el Gobierno Central transfirió a las municipalidades y las gobernaciones 1,2 billones de guaraníes del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide). Si este dinero hubiera tenido el destino indicado, la realidad sería otra. No existiría una sola escuela en mal estado o sin mobiliarios.
Lo que sí tenemos son nuevos ricos en cada uno de los distritos y departamentos del país. Hubo un caso, el de Arroyos y Esteros, en que el intendente, el colorado Gustavo Alfonzo llegó a construir un hotel con el dinero de Fonacide. De más está decir que Alfonzo está en su casa, apenas fue imputado por el hecho y es más que seguro que jamás vaya a pisar la cárcel.
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