Las sanciones contra Venezuela impuestas por Estados Unidos hace casi un lustro han dividido a empresarios y sectores opositores entre quienes piden su levantamiento para frenar el impacto económico y los que abogan por su continuidad para presionar al Gobierno.
Recientemente, un grupo de académicos, investigadores, empresarios y activistas envió una carta al presidente de EE.UU., Joe Biden, en la que pidieron que continuara con “negociaciones sustantivas y productivas para resolver la crisis venezolana”, enfocadas al levantamiento de las sanciones, que “no lograron su objetivo” de sacar del poder a Nicolás Maduro.
La misiva fue muy criticada por otro sector opositor, que envió una carta en la que se exige que las sanciones se refuercen para evitar que se perpetúe la "tiranía", ya que no consideran que la crisis sea producto de estas medidas, sino de "los robos" de fondos destinados a mejorar los servicios.
El economista Víctor Álvarez explicó a Efe que las sanciones aplicadas desde 2017 han hecho “un tremendo daño a la economía y a la sociedad” por sus efectos no solo a las empresas públicas, sino también a las compañías privadas y organizaciones humanitarias.
"A las empresas privadas les han cerrado cuentas en EE.UU., en los bancos y en el sistema financiero de los EE.UU., han perdido líneas de crédito. Los proveedores, que les vendían materias primas, insumos, repuestos, maquinarias (y) equipos, sencillamente no quieren tener negocios con Venezuela", detalló Álvarez.
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