En tres casos relacionados al narcotráfico se registraron notorias contradicciones entre el Poder Ejecutivo y el Ministerio Público. Las denuncias están congeladas y los mismos denunciantes tampoco se preocupan en impulsarlas. Al final todo quedó en el limbo.
En menos de un mes se conocieron tres casos que rayaron el escándalo por la vulnerabilidad del narcotráfico en las instituciones del Estado.
Si vamos por orden cronológico, el primero está relacionado a la y la vulnerabilidad de la Secretaría Nacional Antidrogas; el segundo tiene que ver con una carga de cocaína que cayó en San Lorenzo, lo que derivó en la destitución de cuatro policías y el tercero que está relacionado con un emprendimiento carcelario, con fines de reinserción que seria financiado con el lavado de dinero.
Ninguno de estos casos está aclarado, pese a la intervención de las instituciones del Poder Ejecutivo y a la toma de conocimiento del Ministerio Público.
La acusación de 716 páginas presentada el pasado 19 de mayo por el fiscal Deny Yoon Pak, en el caso a Ultranza Py contra José Alberto Insfrán, alias Tío Rico permitió conocer las filtraciones que hubo dentro de la investigación.
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