Las recientes decisiones de la Junta Municipal de Presidente Franco han puesto en entredicho la transparencia y la responsabilidad fiscal en la administración del intendente Roque Godoy. En menos de dos semanas, se han aprobado licitaciones por más de 4.800 millones de guaraníes bajo la cuestionada modalidad Ad Referéndum, una herramienta que debería ser de […]
Las recientes decisiones de la Junta Municipal de Presidente Franco han puesto en entredicho la transparencia y la responsabilidad fiscal en la administración del intendente Roque Godoy. En menos de dos semanas, se han aprobado licitaciones por más de 4.800 millones de guaraníes bajo la cuestionada modalidad Ad Referéndum, una herramienta que debería ser de uso excepcional, pero que en esta gestión parece haberse convertido en norma.
Estas aprobaciones, destinadas a construcciones escolares y empedrados, carecen de la planificación y la socialización que deberían caracterizar el uso de fondos públicos. No hay claridad sobre las instituciones beneficiadas ni los detalles técnicos de las obras, como denunció el concejal Hugo Mendoza, el único miembro de la Junta que se ha atrevido a cuestionar este desorden administrativo.
Más preocupante aún es la continuidad de Cristian Ortiz como director de Obras, pese a las denuncias por irregularidades graves, incluida la certificación de una obra inexistente. La falta de sanciones a funcionarios cuestionados no solo mina la confianza en la administración municipal, sino que también envía un mensaje alarmante: la impunidad tiene cabida en Presidente Franco.
El uso recurrente de licitaciones Ad Referéndum, que permiten evadir controles estrictos, pone en riesgo la capacidad fiscal del municipio y contradice principios básicos de transparencia y rendición de cuentas. ¿Qué criterios se están utilizando para priorizar obras? ¿Cómo se garantiza que los recursos públicos lleguen a quienes más los necesitan? La respuesta parece ser el silencio.
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