Detalles by ADN Digital on 29 Enero 2016 in POLíTICA
La imputación a Horacio Ortiz, intendente reelecto de Ypané, por haber dilapidado dinero del Fonacide que debía ser destinado al sector educativo, ha puesto en evidencia el viejo esquema de la presión política a la Justicia. La fiscala Brígida Aguilar tuvo que dejar el caso mientras el sospechoso se burla de todos los que lo están investigando.
ASUNCIÓN.- Son 1.700 millones de guaraníes los que Ortiz utilizó en algo que no tenía nada que ver con la educación y se negó a rendir cuenta de ellos. Esto implica mal uso de recursos públicos y lesión de confianza y no parece tener nada que ver con una persecución política, como pretende hacernos creer el intendente reelecto.
Puede que el intendente no haya sido reelecto por su honestidad, pero sí por su espíritu chistoso ya que desde que ocurrió su imputación, mientras consiguió que sus correligionarios liberales presionen a la fiscala Aguilar para que se aparte del caso y exigían al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados que la separara del cargo por mal desempeño en sus funciones, él se pasó ridiculizando a todos los que le investigaron y denunciaron su despilfarro con plata que no era suya.
Primero se burló de la orden de no acercarse a la Municipalidad, poniendo una mesa al lado del local, supuestamente para seguir ejerciendo su cargo de intendente. Ahora se burla del informe de la Contraloría, que lo tiene entre los intendentes y gobernadores sospechosos de haber dilapidado el dinero de Fonacide, y justifica la sobrefacturación en la compra de equipos informáticos, que había detectado el órgano contralor.
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