La devastación es absoluta. El gobierno federal declaró a Puerto Rico zona de desastre total. Lo es con creces. Antes del ciclón la deuda puertorriqueña bordeaba los 120.000 millones de dólares. Tras el paso de este monstruo, la destrucción causada tal vez triplique esos costos. Solamente rehacer las infraestructuras eléctricas y viarias está mucho más allá de las fuerzas económicas isleñas.
El presidente Donald Trump prestará todo su apoyo. Ese es un buen síntoma. El Congreso, bajo cuya responsabilidad recaen los asuntos de la Isla del Encanto, seguramente responderá con largueza a los pedidos de ese territorio. Al fin y al cabo, desde hace 100 años los boricuas son ciudadanos norteamericanos.
Esa es la clave. En 1917, cuando mandaba Woodrow Wilson y en la Isla vivían, más o menos, 1.250.000 personas, el Congreso aprobó lo que se conoce como Ley Jones o Acta de Puerto Rico. Si no se hubiera promulgado, Washington hoy hubiera podido otorgarles la independencia unilateralmente a los puertorriqueños, como hicieron con los filipinos en 1946. La Ley Jones les concede a los puertorriqueños toda la protección legal con que la Constitución norteamericana ampara a los suyos, y, naturalmente, las limitaciones que impone a los Estados de la Unión.
USA no declaró a Puerto Rico un Estado, como luego hiciera con Hawaii en 1959, porque –sospecho– tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico prevalecía cierta indefinición con relación a la identidad de los habitantes de la Isla. Todavía, hace unos tres años, recuerdo una conversación con un diplomático estadounidense, nacido en Puerto Rico, absolutamente patriota y comprometido con la política exterior de Washington, que se refería a su (técnicamente) país como “ellos”, no como “nosotros”.
Probablemente, esta enorme catástrofe que le ha traído el huracán María a Puerto Rico contribuya a corregir ese desencuentro identitario que es, fundamentalmente, una cuestión de percepciones subjetivas.
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