La reforma de programas sociales enviada por Santiago Peña al Congreso abre una discusión que excede la administración de subsidios: obliga a pensar si el Paraguay seguirá tolerando una política social fragmentada, opaca y muchas veces capturada por intermediaciones, o si finalmente construirá un Estado capaz de llegar con precisión a quienes realmente necesitan ayuda. […]
La reforma de programas sociales enviada por Santiago Peña al Congreso abre una discusión que excede la administración de subsidios: obliga a pensar si el Paraguay seguirá tolerando una política social fragmentada, opaca y muchas veces capturada por intermediaciones, o si finalmente construirá un Estado capaz de llegar con precisión a quienes realmente necesitan ayuda.
La política social paraguaya cargó durante demasiado tiempo con una contradicción incómoda: el Estado quería asistir, los gobiernos querían mostrar sensibilidad, las instituciones acumulaban programas, formularios, padrones y promesas, pero el resultado final muchas veces terminaba atrapado en la niebla burocrática de siempre, con familias vulnerables obligadas a peregrinar entre oficinas, dirigentes locales convertidos en intérpretes del derecho ajeno y recursos públicos distribuidos con más voluntad que inteligencia institucional.
La reforma de los programas de transferencias monetarias condicionadas que el presidente Santiago Peña remitió al Congreso debe leerse desde esa fractura histórica, porque su núcleo no está solamente en una nueva arquitectura administrativa, ni en una discusión fría sobre padrones, elegibilidad, bases de datos o rectoría ministerial, sino en una pregunta mucho más profunda sobre la forma concreta en que el Estado paraguayo reconoce a su pueblo pobre, lo registra, lo acompaña y lo incorpora a una comunidad política que no puede limitarse a celebrar el crecimiento macroeconómico mientras deja...
El Registro Social de Hogares introduce, en ese sentido, una idea elemental y decisiva: para ayudar bien hay que saber primero a quién se ayuda, dónde vive, qué necesita, qué carencias arrastra, qué instituciones ya intervinieron, qué ayuda recibe y qué trayectoria debe recorrer para salir de la vulnerabilidad, porque un Estado sin información se vuelve sentimental o arbitrario, y un Estado que reparte a ciegas termina favoreciendo al que grita más fuerte, al que tiene mejor mediador o al que aparece mejor ubicado en los circuitos informales del poder.
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