Fui deportado de Venezuela el martes 26 de febrero después de una entrevista tirante con Nicolás Maduro, el mandatario del país.
En medio de nuestra conversación se levantó y se fue, y sus agentes de seguridad confiscaron nuestras cámaras, las tarjetas de memoria con la grabación y nuestros celulares. Sí, Maduro se robó la entrevista para que nadie pudiera verla.
Conseguimos la entrevista a la vieja usanza: llamamos por teléfono y la pedimos. Un productor de Univisión —la cadena de televisión en la que trabajo desde 1984— contactó a Jorge Rodríguez, ministro para la Comunicación y la Información de Venezuela, y le preguntó si Maduro estaba dispuesto a darnos una entrevista. El líder dijo: “Vengan a Caracas”. Y así lo hicimos, con documentos oficiales que nos permitían la entrada al país.
La entrevista comenzó con tres horas de retraso el lunes 25 de febrero por la tarde, en el Palacio de Miraflores. Unos minutos antes, Maduro había terminado de hablar con el periodista de ABC News Tom Llamas, y parecía estar de buen humor. La ayuda humanitaria que la oposición —con el respaldo de una alianza internacional— había intentado cruzar a Venezuela a través de las fronteras con Colombia y Brasil había sido detenida, así que Maduro se sentía fortalecido. Se suponía que iba a ser un buen día.
Pero no lo fue. La primera pregunta que le hice a Maduro fue si debía llamarlo “presidente” o “dictador”, como le dicen muchos venezolanos. Lo confronté sobre las violaciones a los derechos humanos, los casos de tortura que han sido registrados por Human Rights Watch y sobre la existencia de prisioneros políticos. Cuestioné su aseveración de que había ganado las elecciones presidenciales de 2013 y de 2018 sin fraude y, lo más importante, sus afirmaciones de que Venezuela no atraviesa una crisis humanitaria. Fue en ese momento cuando saqué mi iPad.
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