LIMA. El Rally Dakar 2019 está generando amores y odios en Perú, con empresarios y activistas afirmando que tiene escaso beneficio económico para el país, lo que no compensa el riesgo de daños al patrimonio arqueológico.
La 41ª edición de la carrera motorizada “más dura del mundo” -que desde 1978 se desarrollaba en África y por amenazas terroristas se mudó a Sudamérica en 2009- se disputará por primera vez en un solo país tras las deserciones de Argentina y Chile por políticas de austeridad y la falta de acuerdo con Bolivia.
Pero los avatares políticos y económicos de Perú mantuvieron en duda durante un par de semanas la edición de 2019, que finalmente largará el 6 de enero desde una playa de Lima. Tras asumir el poder en marzo en medio de una crisis que condujo a la renuncia de su antecesor, el nuevo presidente peruano, Martín Vizcarra, dio la luz verde al Dakar en mayo, pero luego titubeó ante la urgencia de recortar el gasto público.
Después de reclamos de 24 pilotos peruanos -y al parecer de evaluar el daño a la imagen del país que causaría la cancelación de la carrera- Vizcarra dio el visto bueno al Dakar 2019 a pesar de que su gobierno debe desembolsar unos 25 millones de dólares, según medios locales.
Seis millones van a la empresa organizadora, la francesa Amaury Sport Organisation (ASO) , pero hay gastos adicionales en infraestructura, seguridad y logística. “El Dakar va, está totalmente decidido, va de todas maneras”, dijo el miércoles el primer ministro César Villanueva, seis días después de que ASO anunciara que Vizcarra había decidido declarar al Rally como “evento de Interés Nacional”. “El presidente está muy entusiasmado con esto”, afirmó Villanueva.
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