El ciudadano Juan Lezcano, uno de los solicitantes de declaraciones juradas de autoridades, respondió la apelación de la Contraloría, la que alega que solo podrá entregar información con orden judicial.
La argumentación principal de la CGR, cuyo titular es Enrique García, es que el GIAI ayuda a los ciudadanos interesados en conocer los datos públicos, "motoriza, esponsorea, impulsa o de alguna manera incentiva la presente acción constitucional". "Y si esto es así, tenemos que entender que la información que, en su caso, será proporcionada al amparista tiene por destino final la utilización de la misma a cargo de dicha oenegé ¿o coalición de oenegés?", se pregunta el abogado Ricardo Rojas, que representa a la institución contralora.
Sin sentido. En la respuesta, Lezcano afirma que con solo leer el artículo 28 del Decreto 4064/15, reglamentario de la Ley 5282/14 el argumento de la CGR queda totalmente sin sentido.
"Todas las solicitudes de información pública respondidas por las fuentes públicas deberán estar disponibles en los sitios web oficiales de cada fuente pública y en el Portal Unificado de Información Pública en el plazo exigido por la Ley 5282/2014, y es esto una obligación para cada fuente pública y sin perjuicio de que la información sea entregada en un formato distinto al solicitante", expresa el decreto en cuestión.
Agrega que si las respuestas deben publicarse en los portales web de las fuentes públicas de información (entre ellas, por expresa disposición legal, la Contraloría General de la República), ¿qué "provecho particular" podrían obtener estas siniestras "corporaciones con intereses sectorizados?", expone el amparista.
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