Por iniciativa de un grupo de concejales de Asunción se solicitó a la Contraloría General –o sea a su titular, José Enrique García– que informe acerca de un enorme faltante de fondos comunales que tiene toda la apariencia de constituir otra gran “tragada”. En este caso, fue de 29.000 millones de guaraníes gastados durante la gestión del exintendente asunceno Arnaldo Samaniego, que carecen de respaldos documentales suficientes, según detectó una auditoría externa contratada por la actual administración municipal. La Contraloría dejó transcurrir tres meses sin expedirse, por lo que la Junta Municipal le envió un urgimiento, antes de que el caso sea enviado a la Fiscalía para que esta fuerce al contralor general a cumplir con su obligación. Este caso, si se analiza en su proceso completo, reúne todos los elementos prototípicos del aparato que vincula la corrupción con la política, de funcionarios de alto rango que roban suficiente dinero para llenar una “alcancía” destinada a adquirir un lugar privilegiado en las “listas sábana” que confeccionan los caciques partidarios y acceder a una banca en el Congreso con el fin de conseguir el premio mayor: los fueros, que constituyen la coraza protectora de los políticos sinvergüenzas.
Por iniciativa de un grupo de concejales de Asunción se solicitó a la Contraloría General de la República –o sea a su titular, José Enrique García– que informe acerca de un enorme faltante de fondos comunales que tiene toda la apariencia de constituir otra gran “tragada”. En este caso, fue de 29.000 millones de guaraníes gastados durante la gestión del exintendente asunceno Arnaldo Samaniego, que carecen de respaldos documentales suficientes, según detectó una auditoría externa contratada por la actual administración municipal.
La Contraloría dejó transcurrir tres meses sin expedirse, motivo por el que, en estos días, la Junta Municipal le envió un urgimiento, otorgándole ocho días para remitir el informe solicitado. Si García decide proseguir con su actitud evasiva de ocultar información, el caso será enviado a la Fiscalía para que esta fuerce al contralor general a cumplir con su obligación.
Este caso, si se analiza en su proceso completo, reúne todos los elementos prototípicos del aparato que vincula la corrupción con la política, tal como se desarrolló en nuestro país bajo la sombra seudodemocrática que proporciona la formalidad de las elecciones nacionales.
Sucintamente, el aparato funciona de este modo: un administrador público de alto rango que maneja un organismo con muchos recursos económicos y humanos, roba la cantidad suficiente de dinero tanto para sí mismo como para su círculo de colaboradores estrechos y, finalmente, para llenar una “alcancía” destinada a cubrir los costos de su campaña electoral. En esta última etapa es donde se gasta parte del tesoro acumulado para asegurarse un buen lugar en la “lista sábana” de su partido. “Buen lugar” es aquel que, según las estadísticas y los sondeos, asegura “sí o sí” una banca en el Congreso.
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