El pedido de arresto de un juez argentino a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner es un gran paso adelante en la lucha global contra la corrupción, no solo porque busca poner detrás de las rejas a la ex líder populista por recibir por lo menos US$ 69 millones en sobornos, sino también porque inculpa a muchos empresarios que hicieron dichos pagos.
En América Latina, y en gran parte del mundo, se presta poca atención a la responsabilidad del sector privado en la corrupción pública. Estamos acostumbrados a leer grandes titulares sobre los políticos que aceptan sobornos, pero escuchamos muy poco sobre los empresarios que los pagan. Eso está comenzando a cambiar, y podría marcar un punto de inflexión en la batalla contra la corrupción.
Como en el reciente escándalo de corrupción que condujo al encarcelamiento del ex presidente populista Luiz Inácio Lula da Silva y del exmagnate de la construcción Marcelo Odebrecht en Brasil, el caso de la justicia de Argentina contra la ex presidenta ha colocado tanto a políticos como a empresarios corruptos en las primeras planas.
Según la acusación del juez argentino Claudio Bonadío, la expresidenta lideró una red de corrupción que cobró más de US$ 200 millones en sobornos de empresas que buscaban o recibieron contratos de obras públicas.
En al menos 87 ocasiones, se entregaron bolsas llenas de efectivo a la casa particular de la expresidenta en el elegante barrio de Recoleta de Buenos Aires, dice la acusación del juez. Tan solo los pagos realizados a esa residencia totalizaron US$ 69,7 millones, agrega.
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