A riesgo de que explote algo al filo del año y deje en offside a mi comentario, me propongo hacer un recorrido por algunos de los hechos jurídicos ocurridos durante el 2025 como un modo de ofrecer una evaluación del estado actual de los derechos y la justicia en nuestro país.
Empiezo por la ley que regula las organizaciones sin fines de lucro, que, con la reglamentación del Poder Ejecutivo, dictada en octubre y de la cual dependía su entrada en vigencia, ya empezó a operar. Se trata de una norma que, como lo reconoció casi todo el arco jurídico nacional y también fue señalado en el plano internacional (por las relatoras de Naciones Unidas), impone restricciones injustificadas a ciertas libertades fundamentales (de asociación, de expresión, entre otras). La reciente puesta en marcha de esta norma, que empeora la situación de varios derechos, implica además la...
Por otro lado, el presidente de la República acaba de promulgar una nueva regulación de protección de datos. Esta ley, en vez de ser solamente celebrada (por constituir una innovación normativa en materia de tratamiento de datos personales), resulta, en buena parte, reprochable por el golpe que supone para la transparencia. Esta norma habilita a los funcionarios a impedir, invocando su interés privado, la entrega de información relacionada con ellos. Con su aplicación, una de las leyes que integran nuestro panteón jurídico moderno, la de acceso a la información pública, quedará...
Mayor dificultad de asociarse para participar en la deliberación pública; menos accesibilidad a información para fiscalizar los actos del poder político; y, si a este panorama sumamos lo sucedido con una de las primeras reformas legales impulsadas por el oficialismo desde su llegada, esto es, la desfiguración de la ley de conflicto de intereses, podemos decir que así como el 2024 empezó con menos controles sobre las relaciones entre los funcionarios y los objetivos económicos del sector privado, el 2025 termina con más barreras institucionales entre los ciudadanos y la participación política.
La represión a manifestantes, tras la protesta social de setiembre, es otro punto crítico en términos de derechos. El caso de unas treinta personas detenidas, sin que siquiera se les pudiera explicar qué de lo que habían hecho fue visto como delito, nos dice que el Estado, incapaz de poner límites razonables y sancionar a los verdaderos violentos, por un lado, y de garantizar el derecho a manifestarse, por el otro, utiliza ilegítimamente la coerción por la incomodidad que le genera la crítica. En un país atravesado por injusticias de todo tipo, en el que se hace cada vez más complicado...
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