Una movilización de funcionarios penitenciarios, miembros del sindicato nacional que los aglutina, reveló que los trabajadores de las cárceles de Ciudad del Este (de mujeres y varones), además del centro educativo del km 9, cuenta con un 90% de trabajadores que no tienen estabilidad laboral. Por ello, están pidiendo que se les renueven los contratos de trabajo y tengan las garantías suficientes para seguir ejerciendo tareas en sus respectivos puestos.
La medida de fuerza es para que el Congreso Nacional disponga “emergencia penitenciaria” para todos los establecimientos del país”, además de incluir la renovación de los contratos de los trabajadores, quienes desde los primeros días de enero están prestando servicios, sin la seguridad que percibirán sus haberes a fin de mes, porque los contratos vencieron el 31 de diciembre pasado y todavía no les fue renovado.
Modesto Báez, uno de los delegados sindicales, explicó que con esa Ley de emergencia que solicitan, el Ministerio de Justicia podrá disponer de más recursos y también asegurar la contratación de más personas para la seguridad interna y externa de las instituciones penitenciarias del país.
“La movilización la hicimos en al menos cinco penitenciarías y conseguimos que los parlamentarios atiendan nuestros reclamos, que son justos. Imagínense que, en Ciudad del Este, una zona tan sensible en cuanto a seguridad y el tipo de personas que están privadas de su libertad no se tenga una estabilidad laboral para los compañeros que arriesgan sus vidas, dentro de un lugar insalubre para llevar el pan de cada día a sus casas”, se quejó el dirigente sindical.
A nivel país, son más de 500 funcionarios que reclaman contar con un nuevo contrato dentro del cuadro de trabajadores del Ministerio de Justicia y en el Alto Paraná, son 170 trabajadores, de los cuales solo el 10% figura en planilla madre.
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