La decisión presidencial se dio mediante los Decretos N° 1758, 1759 y 1760.
Carlos Irala Díaz fue designado interventor de la Municipalidad de San Pablo, cuyo intendente es Antonio Peralta Reyes, quien pertenece al sector del Frente Guasu. Hubo una serie de denuncias de supuestos malos manejos administrativos. Uno de ellos apunta al uso irregular de combustibles, así como el pago de reparación de caminos que no se realizaron. De acuerdo a la acusación de los concejales, hablan de un monto de G. 1.400 millones.
El trabajo de la intervención tendrá una duración aproximada de 60 días.
ANR. Otro que está en la mira es el intendente colorado de Humaitá, Víctor Bordoli, cuya gestión será controlada por el interventor Diosnel Candia Rotela. El jefe comunal fue investigado por la Fiscalía por supuesta apropiación de una ambulancia del centro de salud local. La situación tomó estado público luego de la muerte de una menor que necesitaba con urgencia para que sea trasladada hasta la ciudad de Pilar (Ñeembucú). Hubo un respaldo de 11 de 12 concejales que solicitaron la intervención.
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