CAAZAPÁ (Antonio Caballero, corresponsal). Los procesos judiciales que investigan faltantes de más de G. 5.000 millones en perjuicio de las comunas de Tavaí y Yuty se encuentran cajoneados y van camino a la impunidad. Los encausados, Alba Correa (exintendenta de Tavaí) y Édgar Walko Araújo (Yuty), ambos de la ANR, recurren a maniobras para extinguir los casos.
El caso de Correa se encuentra en etapa de audiencia preliminar, pero la diligencia no se lleva a cabo debido a chicanas. Desde agosto de 2015 se realizan intentos; la última vez que fue citada para cumplir la medida fue el pasado 28 de diciembre.
El expediente judicial se encuentra cajoneado en el despacho del juez penal de garantías de San Juan Nepomuceno, Carlos Flores.
Según la Contraloría General de la República (CGR), Correa no presentó documentos que justifiquen el uso de G. 1.180 millones del Fonacide de los ejercicios fiscales del 2011, 2012 y 2013. La ex jefa comunal se jactaba durante su mandato de tener el apoyo del mismo Presidente de la República, Horacio Cartes, y el jefe de su gabinete civil, Juan Carlos López Moreira, con lo que eludía a la justicia.
El fiscal de San Juan Nepomuceno, Erico Ávalos, dijo que desde el 1 de febrero se encuentra a cargo de la unidad fiscal y urgirá al Juzgado la fijación de fecha de audiencia para la acusada.
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