La Fiscalía General blanqueó al ministro de Obras Públicas Ramón Jiménez Gaona en el caso “superviaducto”, alegando que la estructura no presenta anomalías. Empero, existe un documento en el que el propio MOPC admite la falta de obras.
En el marco de la denuncia por lesión de confianza y asociación criminal en el caso del “superviaducto” contra el ministro Ramón Jiménez Gaona, el viceministro Juan Manuel Cano y los miembros del comité evaluador de la licitación, la Fiscalía afirma que el “superviaducto” no presenta anomalías, basándose en el resultado del dictamen elaborado por las peritas del Ministerio Público, la arquitecta Olga Fleitas y la ingeniera Ross Franco.
Esto se da en un escenario en el que existe una nota de intimación firmada por el viceministro Cano, en la que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) reclama a Isolux Corsán la construcción de una pasarela, un canal de hormigón y una caseta.
El documento señala tres días de plazo para el inicio de los trabajos, de lo contrario, se procedería a los trámites de rescisión de contrato, pero hasta el momento esto no se concretó ni se aplicaron multas.
A su vez, la póliza del “superviaducto” con la empresa Seguros Generales SA (Segesa) vence a fines de agosto próximo y de acuerdo a fuentes técnicas, no hay tiempo suficiente para terminar los trabajos en caso de que se inicien.
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