La Fiscal de Derechos Humanos solicitó a la Corte la resolución y ejecución de una condena a un agente policial que disparó a un joven en una barrera ilegal. El condenado sigue prestando sus servicios como policía en Ciudad del Este.
Alberto Medina, padre del joven baleado, sigue recibiendo amenazas. Foto: La Nación.
La agente fiscal Liliana Zayas, de la Unidad Especializada de Derechos Humanos, se refirió este domingo a la condena de cinco años impuesta en principio al oficial de policía Narciso Cañete Cáceres, de 50 años.
En esta causa, el Ministerio Público apeló, y en segunda instancia, el uniformado fue condenado a siete años de prisión. No obstante, no se dio cumplimiento al encierro penitenciario y el policía sigue prestando servicios en una comisaría de Ciudad del Este.
El hecho juzgado ocurrió, de acuerdo a un escrito difundido por la institución, cerca de la rotonda del kilómetro 10 de Ciudad del Este, en el 2012, donde fue víctima de balazos el joven Anderson Alberto Medina Giménez, de 20 años cuando resultó afectado, quedando herido, durante un control de barrera ilegal.
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