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Mientras el pueblo sufre, los legisladores se aseguran privilegios. La Cámara Baja destinó más de G. 15.000 millones para financiar seguro médico a una casta de hasta 1.500 personas entre 2024 y 2025. El beneficio alcanza a parlamentarios, funcionarios e incluso familiares directos.
En el anochecer del año anterior, una decisión tomada en la Cámara de Diputados desató polémica: la aprobación de un contrato para un seguro médico privado. Esta medida, valorada en unos G. 15.289 millones para el bienio 2024-2025, será financiada con fondos de los contribuyentes. Esta decisión surge en un contexto donde los privilegios de los parlamentarios, ya beneficiarios de salarios elevados, están en el punto de mira público.
El 29 de diciembre de 2023, en un momento donde la ira ciudadana se avivaba por el ingreso de familiares de los diputados en la institución sin proceso de selección, se firmaba este contrato. El presidente de la Cámara, Raúl Latorre, garantizaba así un seguro médico de alta gama para los empleados de la institución, en un período marcado por controversias y debates sobre la ética en la política.
El proceso de licitación, iniciado el 24 de noviembre de 2023, culminó poco más de un mes después, con la adjudicación del contrato a Asismed SA. Sin embargo, hay opacidad en cuanto a los detalles del contrato, y no se clarifica si los 80 diputados están incluidos o no. Lo que sí es seguro es que el beneficio se extiende a los parientes colocados en posiciones de confianza.
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