Luego de tres años de iniciar un proceso cargado de incidentes dilatorios, ayer el juez Penal de Garantías Raúl Florentín resolvió elevar a juicio oral y público la causa del diputado colorado Tomás Rivas, por estafa, no así por cobro indebido, pese a la acusación de la Fiscalía.
El Ministerio Público investigó al diputado luego de que, el 22 de febrero del 2017, ÚH publicara una investigación donde revelaba que tres empleados particulares del colorado cartista figuraban como trabajadores de la Cámara de Diputados, cobrando salarios sin prestar servicio alguno.
Mediante chicanas presentadas por la defensa, Rivas logró suspender en siete ocasiones la audiencia preliminar. Finalmente, ayer el caso pudo ser elevado a juicio oral.
En el caso, Nery Antonio Franco, que cobraba G. 3.000.000 en Diputados, trabajaba a tiempo completo en la distribuidora Salto Cristal, en Ybycuí; Reinaldo Chaparro Penayo cobraba un salario de G. 2.000.000, pero cumplía tareas en la residencia de Rivas en Lambaré, y Lucio Romero Caballero, que era capataz en una estancia del parlamentario en Mbuyapey, percibía G. 2.000.000 como funcionario de la Cámara.
Los tres ya fueron condenados por estafa en un juicio oral por el caso, que culminó a finales de agosto pasado. En su momento, Rivas negó las irregularidades y alegó que se trataba de una persecución. Dijo que eran chofer y secretarios privados y que ingresaron mediante los cupos que le corresponden a cada legislador.
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