La investigación por el presunto enriquecimiento ilícito del exfiscal general del Estado Javier Díaz Verón y su familia está estancada porque la Fiscalía General del Estado pidió la carpeta fiscal para un dictamen de la Dirección de Asesoría Jurídica, hoy a cargo de la abogada Patricia Doria, la misma exdirectora de Delitos Económicos que, en diciembre pasado, dictaminó que correspondía indagar la fortuna del extitular del Ministerio Público.
Según informes recabados, la carpeta fiscal fue remitida por los agentes Martín Cabrera y Leonardi Guerrero hace 22 días.
El análisis de la asesoría jurídica se realiza porque el hecho se abrió por tres delitos, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y uso de documento público de contenido falso.
El exfiscal José dos Santos había convocado a declaración indagatoria a María Selva Morínigo, esposa de Díaz Verón, y sus hijos Yerutí y Alejandro Díaz Morínigo a raíz de que constitución de la empresa Canto Rodado SA con G. 2.500 millones que después quisieron hacer creer que se trataba en realidad de pagarés.
El dictamen pendiente en la asesoría jurídica de la Fiscalía General podría excluir alguno de los tres hechos punibles. El más grave es enriquecimiento ilícito, considerado un crimen por la expectativa de pena (hasta 10 años de cárcel).
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