Un cúmulo de presuntas irregularidades en la administración municipal, es lo que motiva los constantes reclamos de la ciudadanía concepcionera. La auditoría realizada a la administración de Urbieta hasta el año 2014, había arrojado un sinnúmero de irregularidades, que sin embargo no han sido tomadas en cuenta por la Junta Municipal ni por la propia Contraloría General de la República, para solicitar una eventual intervención. Dichas irregularidades iban desde la falta de misión y visión aprobadas por acto administrativo, hasta llamativas diferencias entre los ingresos y gastos, pasando por la falta de un sistema de control administrativo interno y la falta de rendición de cuentas de varias transferencias realizadas por la Municipalidad al sector público y privado. En este punto, en base a documentos oficiales de la Municipalidad, se puede observar que varias operaciones no se ajustan a la Ley 4758/12 de FONACIDE. Del análisis efectuado a los documentos entregados por la Municipalidad se puede deducir que se incumplió con la Ley 2979/06, que regula entre otras cosas la utilización de los fondos provenientes de los Royaltíes.
Un cúmulo de presuntas irregularidades en la administración municipal, es lo que motiva los constantes reclamos de la ciudadanía concepcionera. Dichas anomalías, reconocidas en algunos casos como «desprolijidades» por el propio intendente, motivaron hasta el momento más de 20 denuncias penales en contra de Urbieta y constituirían suficiente motivo para que el legislativo comunal solicite la intervención.
1- Uno de los puntos muy cuestionados es la falta de respeto del intendente a la Junta Municipal. En este sentido cabe resaltar que en más de una ocasión, propios ediles que apoyan la gestión de Urbieta, se quejaron de la falta de respuesta a los pedidos de informes del legislativo comunal. Dichas quejas contra el ninguneo son permanentes y constan en actas y grabaciones.
2- Incumplimiento de la Ley 5590, que modifica el artículo 69 de la Ley Orgánica Municipal. Dicha ley obliga a los intendentes municipales a realizar audiencias públicas en el mes de febrero de cada año, para exponer proyectos y rendir cuentas ante la ciudadanía.
3- Violación de la Ley 5282, de Acceso a la Información Pública. Dicha reglamentación exige a las instituciones públicas a divulgar todas las gestiones a través de un sitio web y proveyendo todos los datos y documentos solicitados por la ciudadanía. Este es un examen, que el intendente de Concepción no ha salvado, ya que actualmente soporta incluso procesos judiciales por haber negado el acceso a la información.
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