Dieciocho años tomó que la justicia determine que el exministro del Interior Walter Bower afronte juicio oral por torturas a policías en sede de la Marina. Ahora se busca anular todo con la excusa de la negligente labor fiscal, que quedó en evidencia con el extravío de la prueba documental más importante, un libro de novedades.
La semana pasada, el juez penal de garantías Gustavo Amarilla Arnica puso fin a dieciocho años de chicanas y elevó a juicio oral y público el caso por torturas de Bower, el excomisario Merardo Palacios y el exoficial Osvaldo Vera.
Están acusados de los apremios físicos que sufrieron el comisario Alfredo Cáceres y al oficial Jorge López el 21 de julio de 2000 en la sede de la Marina.
Las sesiones de torturas eran con la finalidad de obtener información sobre el intento de golpe de Estado contra el gobierno del entonces presidente de la República, Luis Ángel González Macchi, hecho que se registró entre el 18 y el 19 de mayo de ese año.
Ahora, las defensas de los tres acusados apelaron la elevación a juicio oral y público con la excusa de una negligente labor del fiscal Fabián Centurión.
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