La acción contra el intendente de Hernandarias, Nelson Cano, había sido presentada por los concejales municipales Nilda Venialgo y Matti Ibarrola. El agente fiscal contra Delitos Económicos y Anticorrupción Leonardo Guerrero, solicitó al juzgado desestimar una denuncia penal presentada por los concejales Nilda Venialgo y Matti Ibarrola contra el intendente de Hernandarias, Nelson Cano. Luego de una investigación de dos años, el Ministerio Público resolvió solicitar la desestimación de la denuncia presentada por dos concejales en contra del intendente municipal, Lic. Tras un minucioso análisis de la evidencia, el fiscal determinó que la Municipalidad, si bien adquirió e inscribió a su nombre 977 metros cuadrados pertenecientes a la Iglesia de Dios del Paraguay, lo hizo sin realizar el pago correspondiente. Para los cercanos colaboradores del jefe comunal, los dos concejales, con el principal objetivo de mancillar la gestión de Cano, decidieron plantear la denuncia.
La acción contra el intendente de Hernandarias, Nelson Cano, había sido presentada por los concejales municipales Nilda Venialgo y Matti Ibarrola.
El agente fiscal contra Delitos Económicos y Anticorrupción Leonardo Guerrero, solicitó al juzgado desestimar una denuncia penal presentada por los concejales Nilda Venialgo y Matti Ibarrola contra el intendente de Hernandarias, Nelson Cano. En su momento la acción incluía hechos de lesión de confianza, asociación criminal y cohecho pasivo, y guarda relación con la compra de un inmueble perteneciente a una congregación religiosa. Finalmente, se conoció la disposición del magistrado, que concedió la desestimación de la acusación.
El representante del Ministerio Público concluyó en su investigación que no encontró irregularidades en la adquisición del terreno de la Iglesia de Dios de Paraguay. Los pagos realizados, según el fiscal, cumplieron con los procedimientos establecidos y preservaron los intereses de la comuna hernandariense.
Ante la falta de pruebas que sustenten las denuncias, el Juzgado Penal de Garantías en Delitos Económicos y Anticorrupción del Primer Turno, a cargo del juez Humberto René Otazú, resolvió dar lugar al pedido de desestimación de la causa. Esta denuncia de los dos ediles hace interpretar que las acusaciones iniciales fueron utilizadas como una estrategia política para desacreditar la gestión del intendente y a la vez encubrir la pobre gestión de ambos en la Junta Municipal.
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