La ola de transparencia e indignación popular que se cobró este año los cargos del diputado José María Ibáñez (ANR) y los senadores Óscar González Daher (ANR) y Jorge Oviedo Matto (Unace) se cierne sobre otros políticos con malos antecedentes y motiva reacciones encontradas.
Hay quienes descalifican la metodología de los “escraches” ciudadanos contra los políticos acusados de corrupción por considerar que, en un sistema democrático, el Poder Judicial es el que debe aplicar sanciones, cuando corresponda.
Otro cuestionamiento es que una manifestación de pocas personas, por más ruido y lío que hagan, no puede estar por encima de la voluntad de miles, expresada libremente en elecciones cuyo resultado fue aceptado por todos.
En contrapartida, mucha gente también celebra esta “primavera” de la democracia participativa, en la que la ciudadanía se manifiesta en libertad y exige la expulsión de quienes deshonran con su conducta delictiva los cargos con que fueron investidos.
Evidentemente, sería mejor que los deshonestos, que se aprovechan de su poder para robar dinero público o para favorecerse ellos mismos o a sus familiares y amigos, nunca lleguen a ser candidatos y mucho menos ser electos en algún cargo. Sería muy bueno que la Justicia los aparte del medio antes de que puedan hacer más daño.
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