Una comitiva fiscal-policial, encabezada por el fiscal Alberto Torres, del Ministerio Público de Ciudad del Este, procedió a desalojar a unas 50 personas que invadieron una propiedad privada de 100 hectáreas, ubicada en el km 14 Acaray, a unos 8.000 metros de la Ruta PY02, que había sido entregada a un grupo de supuestos sintechos por el propio intendente de Minga Guazú, Digno Caballero Ruiz. El procedimiento se cumplió ayer a la mañana donde estuvo presente el intendente electo, Diego Ríos, quien acompañó el operativo y aseguró que “las puertas de la ciudad están cerradas a partir de ahora para los invasores”.
El procedimiento se cumplió de manera pacífica y sin inconveniente alguno, ya que cuando la comitiva fiscal-policial llegó al lugar se encontró que la mayoría de las personas se habían retirado del inmueble y ya sacaron todas sus pertenencias y sus precarias viviendas. En el sitio ya solamente encontraron siete carpas y los ocupantes accedieron a salir y retirar sus enseres voluntariamente.
El fiscal Alberto Torres explicó que el procedimiento se ejecutó en el marco de una investigación por invasión de inmueble ajeno. La propiedad en cuestión de más de 100 hectáreas pertenece a los hermanos Evelyn Cristina y Robert Udo Mulder y fue invadida por unas 50 personas que integran una supuesta comisión vecinal denominada “El Porvenir”, encabezada por Carlos Ramírez Ugarte.
El exintendente Digno Caballero (ANR) había solicitado que el inmueble sea entregado al grupo de supuestos sintechos, pasando por alto que el terreno es una propiedad privada. Caballero había remitido a la Junta Municipal la solicitud de adjudicación y fraccionamiento de las tierras, el 15 de marzo de 2021, pasando por alto los documentos del inmueble privado.
En la nota que la comisión solicita el fraccionamiento se fundamenta en que “según vecinos del lugar” las propiedades son un inmueble municipal. Los concejales también se prestaron a la jugada para el despojo del inmueble, pues ya durante la gestión de Lucas Caballero (hermano de Digno Caballero) se aprobó la adjudicación del inmueble. Sin embargo, los dueños habían denunciado la invasión de la propiedad ante el Ministerio Público.
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