El pasado 17 de agosto, 125 organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales que trabajan en Venezuela solicitaron al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas la necesaria e imperativa renovación del mandato de su Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, señalando en un comunicado que "la Misión ha desempeñado un papel central en el reclamo de que haya rendición de cuentas por delitos graves cometidos en el país y asegurar el escrutinio internacional sobre la crisis en curso en Venezuela”.
La importancia que reviste para la sociedad venezolana la continuación de las tareas de investigación de la Misión se ha hecho aún más patente luego de que, el pasado 26 de septiembre, fuera presentado y discutido el último informe de la Misión en el seno del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Este tercer informe de la Misión arrojó dentro de sus conclusiones más graves la aseveración de "que personas que ocupaban diversos cargos en las jerarquías de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DCGIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) cometieron crímenes y violaciones que constituyen crímenes de lesa humanidad, incluidos actos de tortura extremadamente graves, como parte de un plan diseñado por autoridades de alto nivel para reprimir a los opositores al Gobierno”.
Para el abogado Alí Daniels, cofundador de la ONG venezolana "Acceso a la Justicia”, un elemento relevante de este último informe reside en el hecho de que "la investigación de la Misión de la ONU no se limitó a verificar la existencia de las torturas en el país y la evolución y sofisticación que han alcanzado sus métodos, sino que además determinó cómo se estableció y funciona este sistema de represión extendido y generalizado; cómo y dónde se reclutan las personas que materializan las torturas; cómo se entrenan estos funcionarios; y, cuáles son los incentivos, los premios y los castigos...
Como respuesta a este último informe de la Misión, el régimen de Nicolás Maduro emitió un comunicado donde desconoció la legitimidad de la Misión de la ONU y calificó al informe como un "panfleto” lleno de acusaciones falsas y "sin el más mínimo sustento metodológico ni contacto directo con la realidad del país”. El comunicado gubernamental concluyó con una amenaza a todos aquellos que promuevan la renovación del mandato de la Misión: "El gobierno venezolano alerta a los promotores de esta iniciativa que tomará las medidas políticas y diplomáticas pertinentes, en el ámbito bilateral y...
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