Derechos Humanos en Venezuela: es necesario renovar mandato de Misión de la ONU

La importancia que reviste para la sociedad venezolana la continuación de las tareas de investigación de la Misión se ha hecho aún más patente luego de que, el pasado 26 de septiembre, fuera presentado y discutido el último informe de la Misión en el seno del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El 27 de septiembre de 2019, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ante las sistemáticas violaciones de derechos humanos que venían ocurriendo en Venezuela, tal como se señalaba en los informes de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, decidió mediante la resolución 42/25: "establecer, por un período de un año, una misión internacional independiente de determinación de los hechos, cuyos miembros serán designados por el presidente del Consejo de Derechos Humanos, y enviar urgentemente esa misión a la República Bolivariana de Venezuela para que investigue las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y las torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014”. A pesar de que el Consejo de Derechos Humanos instó a las autoridades venezolanas a cooperar plenamente con la Misión, el informe señala que el gobierno de Nicolás Maduro no suministró ningún tipo de información ni permitió que los miembros de la Misión visitaran el país. Razones de peso para la renovación del mandato de la Misión Según sostiene el defensor de derechos humanos Ali Daniels, la razón principal por la cual se debe prorrogar el mandato de la Misión es que "tal como concluye el Informe, la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela sigue siendo grave. Además de los dos organismos referidos en el informe de la Misión, existen otras estructuras represivas en Venezuela que han sido señaladas por sus víctimas y sobre las cuales se debería extender la investigación.” No existe en Venezuela, concluye Daniels, "ninguna organización de defensa de derechos humanos, que tenga la capacidad técnica y operativa, y mucho menos la protección jurídica, para realizar ese tipo de investigación. ...[Leer más]