Representantes legales de la suspendida intendente municipal de Ciudad del Este Sandra Mc Leod presentaron ayer en la Fiscalía regional una denuncia contra la interventora María Carolina LLanes y su directora de recursos humanos Susana Aquino por presunto hecho punible de coacción. Los abogados Bern
Representantes legales de la suspendida intendente municipal de Ciudad del Este Sandra Mc Leod presentaron ayer en la Fiscalía regional una denuncia contra la interventora María Carolina LLanes y su directora de recursos humanos Susana Aquino por presunto hecho punible de coacción. Los abogados Bernardo Villalba y Eduardo González señalaron en su escrito que desde el inicio de la intervención se produjeron varios hechos irregulares en contra del patrimonio municipal y otros, que se convirtieron en despidos, sin que Llanes tenga facultades para hacerlo.
Sindican a ambas de encabezar una tenaz persecución contra funcionarios que se negaban a producir documentos falsos con los que pretendieron dar por ciertos hechos inexistentes, presuntamente cometidos por la suspendida administradora comunal. Los funcionarios fueron coaccionados a firmar documentos incriminatorios falsos y aquellos que no cumplían dichos propósitos irían a parar “conmigo a la cárcel”, señala parte del escrito.
En el mismo aparecen nombres, como Andrés Benítez Ortiz, encargado del vertedero, a quien presuntamente le hicieron firmar documentos referentes a un contrato de la comuna con la firma Ingesa, sobre control de camiones con cargas, cuyos pesajes no se realizan. También apuntaron a la funcionaria Liz Paulina Genes Salinas, encargada de impuesto inmobiliario, quien habría sido víctima de coacción grave por el equipo interventor, en los expedientes de Atilio Andrés Celano Paoli y la empresa Tiegari SA, beneficiados con los descuentos resueltos para quienes abonaban sus impuestos en determinado...
En el escrito se instala igualmente que Antonio Fernández Romero, secretario general del sindicato de funcionarios municipales, creado a iniciativa de Sandra McLeod, a quien recurrieron varios asociados para denunciar hechos de coacción grave, con constancia del “modus operandi” de la interventora y su equipo. La denunciante requiere que la causa sea tramitada en una unidad de la fiscalía regional y que previo a los trámites de rigor, se proceda al procesamiento penal de Llanes y los demás presuntos responsables del hecho.
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