Jubilados bancarios reclamaron la inacción de la Fiscalía de Delitos Económicos en el caso de la Caja de Jubilados, que redireccionó a 81 jubilados a cancelar créditos con una firma ficticia “Karaku SRL”, por G. 14.000 millones. Inclusive, dijeron que hay indicios de pago de millonaria coima.
Los jubilados están representados por la exfiscala de Delitos Económicos Rocío Vallejo y se reunieron ayer con el adjunto de la unidad, Federico Espinoza, además del agente que investiga el caso desde marzo de este año, Martín Cabrera y el fiscal antilavado de dinero, Hernán Galeano.
Amancio Abel Florentín, presidente del Centro de Jubilados y Pensionados Bancarios y de Otras Entidades Financieras del Paraguay, cuestionó que pese a las pruebas de que la firma Karaku SRL es ficticia, ya que funciona en un domicilio particular y supuestamente otorgó créditos por G. 14.000 millones, lo que generó intereses por G. 700 millones, Cabrera dilata imputar a las autoridades de la Caja.
Quiénes fueron beneficiados con esos intereses, se preguntaron los jubilados.
También dijeron que los propios denunciados hacen correr un rumor de que el caso “ya está hablado” y de que se pagó una supuesta coima de US$ 100.000 para que la denuncia sea desestimada.
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