Denuncian al director de Policía de Alto Paraná y al asesor jurídico por desacato a una orden judicial – Diario TNPRESS

Denuncian al director de Policía de Alto Paraná y al asesor jurídico por desacato a una orden judicial – Diario TNPRESS

El director de Policía de Alto Paraná, comisario general Osvaldo Alejandro Ávalos, y el encargado del Departamento de Asesoría Jurídica de la institución, abogado Osmar González, fueron  denunciados ante el Ministerio Público por un supuesto caso de desacato a una orden judicial. La denuncia fue presentada por el abogado Cristhian Amarilla y la causa fue […]

El director de Policía de Alto Paraná, comisario general Osvaldo Alejandro Ávalos, y el encargado del Departamento de Asesoría Jurídica de la institución, abogado Osmar González, fueron denunciados ante el Ministerio Público por un supuesto caso de desacato a una orden judicial. La denuncia fue presentada por el abogado Cristhian Amarilla y la causa fue asignada a la Unidad Penal Nº 4, a cargo del agente fiscal Luis Trinidad Colmán.

Según el denunciante, en calidad de representante legal del señor Pablo Aquino Gavilán, inició en agosto de 2017 un juicio ordinario de reivindicación de un inmueble ante el juez de primera instancia en lo Civil y Comercial del segundo turno de Ciudad del Este, a cargo del juez Mario Alberto Aguayo. El juicio fue interpuesto contra el ocupante precario Aldo Florentín Barúa Acosta.

Luego, se emitió una resolución favorable a Aquino Gavilán, primero por parte del juzgado de primera instancia, según Sentencia Definitiva número 321, de fecha del 15 de noviembre de 2019, y luego por el Tribunal de Apelación, conforme al A.I. número 720, de fecha del 22 de diciembre de 2021. Ambas resoluciones se encuentran firmes y ejecutoriadas.

Además, se llevaron a cabo todos los trámites necesarios para notificar al demandado y exigirle que abandone el inmueble en un plazo perentorio de diez días, pero dicha intimación no tuvo efecto. Ante esta situación, el profesional del derecho solicitó al juzgado que libre una orden de desalojo en contra del condenado, a fin de que un oficial de justicia realice el diligenciamiento, con acompañamiento de la fuerza pública para resguardar la integridad física de los que deben ejecutar el mandamiento judicial.

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