Juan Ernesto Villamayor, el futuro ministro del Interior, tiene un largo y oscuro historial ligado al vaciamiento del BNT, la venta de empresas públicas y demandas dudosas, como la de Ivesur contra la Municipalidad de Asunción. Inclusive aparece como defensor y patrocinador de demandas de una empresa que vendió helicópteros inservibles al ministerio que estará a su cargo.
El perjuicio contra el Banco Nacional de Trabajadores (BNT) se perpetró entre los años 1993-1996, época en la cual se otorgaron créditos ilegales y sin respaldo real por unos G. 253.000 millones, equivalentes a más de 100 millones de dólares de la época, y cuya falta de recuperación llevó al ente financiero a la quiebra.
La presidencia del banco en aquel entonces estaba a cargo de Édgar Cataldi y todo el proceso fraudulento tuvo supuestamente la protección política de Juan Ernesto Villamayor y del actual senador Juan Carlos Galaverna.
Según consta en el expediente criminal del BNT en las evidencias aportadas por Jorge Alberto Robineau (expresidente de Arenas SA, una de las empresas-pantalla), utilizadas para el vaciamiento del banco, Villamayor y Galaverna percibieron coimas calculadas en más de G. 1.000 millones en aquella época, a través de la contabilidad negra de Arenas SA y luego disimuladas con facturas prefabricadas en la contabilidad legal.
El sustento a nivel sindical fue dado por los gremialistas Alan Flores (extitular de la CUT), Gerónimo López (CPT) y Reinaldo Barreto Medina (Cesitep). Estos fungieron hasta de prestanombres en la concesión de créditos y en las asambleas del BNT organizaban “la aplanadora de votos” que aprobaba los balances maquillados presentados por Cataldi sin siquiera analizarlos.
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