El diálogo con el director (en el exilio) del diario El Nacional de Venezuela, Miguel Enrique Otero, me hizo recordar del papel que nos correspondía desempeñar con los extranjeros que venían a conocer la dictadura stronista. Cumplíamos el rol que hoy desempeña Otero de ser interrogado sobre cómo actuaba el régimen dictatorial y cuáles eran las consecuencias. Ahora nos tocó interrogarlo, de la misma forma que hacían con nosotros. Es lo mismo la Venezuela con Maduro que el Paraguay con Stroessner.
Pregunté si realmente la población estaba pertrechada con armas distribuidas por el Gobierno, tal como se dio a conocer. La respuesta negativa me sorprendió. “Esas armas terminan en poco tiempo en manos de la delincuencia organizada”. ¿Y cómo se entiende eso? “Pues la delincuencia en Venezuela es una cuestión de Estado”.
En nuestro país, durante la dictadura, la delincuencia estaba controlada por el Estado autoritario, se toleraban ciertos delitos, pero otros eran absolutamente prohibidos, como el secuestro, asalto a bancos, etc., reservándose la dictadura el derecho de acusar a sus enemigos políticos de simples delincuentes comunes.
Mientras, el ejército de delatores civiles al servicio del régimen se encargaba de mantener vigilada a la población con fines de inmovilidad y obediencia. Con el advenimiento de la democracia la delincuencia crece y el Estado pierde el control de la misma, pero no podría afirmarse que forma parte de una política de Estado, como en Venezuela, aun cuando la policía esté inficionada por la corrupción y en algunos territorios el Estado perdió jurisdicción para dejar el camino libre a la mafia.
¿Y cómo funciona la delincuencia como política de Estado? En palabras de Otero, el Gobierno facilita su expansión con el fin de perseguir a la clase media, cuyas familias sufren asaltos, robos y todo tipo de violencia, además de tener los bienes en constante acecho, por lo que terminan alineándose o huyendo del país.
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