Para el 30 de noviembre está prevista la audiencia preliminar en la que la jueza de Lambaré, Isabel Bracho, tiene que resolver si aplica o no una exigua pena a dos involucrados en la contaminación del río Paraguay con combustible.
La fiscala Lisa Martínez había solicitado sospechosamente la suspensión condicional del procedimiento para Marcelo Ramón Gómez Mallorquín y Alcides Ramón Argüello Villalba. El primero es auxiliar contable y el segundo técnico de seguridad industrial de la firma Copetrol. Ambos aparecen como responsables del derrame de combustible en la planta industrial de la referida empresa, ubicada en barrio Achucarro de la ciudad de San Antonio, ocurrido el 26 de agosto de 2016 y que produjo la contaminación del río.
La gravedad del hecho en su momento incluso obligó a la Secretaría del Ambiente (Seam) a clausurar la planta industrial y posteriormente aplicar una multa de G. 1.052 millones a Copetrol.
Sin embargo, la fiscala Martínez solicitó a la jueza Bracho que los investigados (a quienes ni siquiera imputó) realicen una donación de G. 5 millones y G. 10 millones.
Ante las publicaciones, el fiscal general Javier Díaz Verón había ordenado una auditoría de la gestión de Martínez. Empero, hasta ahora no se dio a conocer el resultado y habría una maniobra para allanar el camino, a fin de blanquear la contaminación del río.
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