El director general del grupo Jardín de la Paz y apoderado de la firma Loma Verde SA, César García, explicó ayer sobre la propuesta de reestructuración de una deuda presentada al IPS. La misma guarda relación con el excementerio sindical Las Acacias, adquirido en el 2008 al ente previsional, a un plazo de 10 años.
El cementerio Las Acacias había sido transferido al IPS tras la quiebra del Banco Nacional de Trabajadores (BNT), debido a que era el mayor depositante de la entidad fallida. No obstante, antes del traspaso, fue adquirido en el 2008 por la firma Loma Verde SA, integrante del grupo Jardín de la Paz, por G. 17.000 millones, a 10 años.
Ante una denuncia (publicada ayer por nuestro diario) de que sin haber abonado “un solo guaraní” la empresa pidió una reestructuración de la deuda, César García explicó: “Hasta la fecha hemos pagado G. 8.263 millones, entre capital e intereses, pero como la deuda es de largo plazo, la mayor parte de lo abonado se aplicó a intereses. Lo que hicimos nosotros es que, ante la dificultad de pago, de acuerdo al contrato vigente, que ha sido bastante duro para nosotros, hemos solicitado una reestructuración de la deuda, que no implica reducción de intereses ni del capital, ni mucho menos bajar la...
Añadió que lo que se busca reestructurar a largo plazo (a otros 10 años) es el capital, que implica “un beneficio para el IPS”, por el hecho de que va a seguir cobrando los intereses, que además está respaldado por hipotecas y una garantía fiduciaria adicional (con el Banco Atlas), que es un reaseguro para los bienes, que está protegido en todo sentido. “A medida que pase el tiempo, en vez de disminuir el valor hipotecario, este ha crecido por las inversiones que nosotros hemos realizado, teniendo en cuenta que los 5.000 nichos (que tenía Las Acacias) fueron construidos a medias y había que...
Señaló que la empresa esperaba, dentro de un eventual nuevo contrato, comenzar a pagar desde setiembre pasado una cuota de G. 130 millones para los primeros seis meses, con refuerzos semestrales, hasta llegar a una cuota de G. 300 millones. Agregó que también debía pagar un atraso de G. 500 millones, correspondientes al lapso comprendido entre febrero y diciembre de 2016. La propuesta sigue en estudio en el IPS.
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