La Defensoría del Pueblo criticó que un tribunal de sentencia haya condenado a Rubén Figueredo, presidente de la fundación Itá Enramada, por montar en su propiedad un depósito de pilas en desuso, sin tener una licencia ambiental.
El propio Ministerio Público apoyaba la iniciativa del hombre.
Miguel Godoy, defensor del Pueblo, manifestó a la 970 AM que recibió este lunes la denuncia de la defensa del ambientalista Rubén Figueredo. Le acercaron el expediente donde se costa que hubo una aparente mala administración de la justicia.
La autoridad contó que su institución es el único órgano extrapoder que puede verificar la actuación de la justicia. El primer paso es la de admitir la denuncia y luego trasladar al Jurado de Enjuiciamiento o el Ministerio Público, dependiendo del caso.
“Él no es una persona que se haya manejado dentro de la clandestinidad. El trabajo que hacía como ambientalista fue abogado con convenios y permisos de la SEAM y el Ministerio Público, y estos propios funcionarios alabaron el trabajo de él”, dijo sobre el condenado.
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