El Defensor del Pueblo Miguel Godoy y el ministro de Justicia Éver Martínez coincidieron ayer en señalar que los jóvenes liberales que pidieron refugio en Uruguay no son perseguidos políticos y no se merecen la protección internacional. Alegaron que los jóvenes atentaron contra un poder del Estado.
Godoy, consultado por la prensa durante la inauguración de mejoras ayer en el reclusorio de menores en Itauguá, dijo que los activistas liberales que solicitaron refugio están siendo sometidos a un proceso judicial en el país, por el caso evidente de la quema de parte del edifico del Congreso, según sus expresiones.
Insistido, sostuvo que los cinco jóvenes liberales, que están actualmente en el vecino país no son perseguidos políticos y que no corresponde que se les otorgue refugio político. “Se persigue políticamente a quien tiene votos y por cuestiones ideológicas, pero acá hay un hecho punible, es diferente”, adujo el ombudsman.
Godoy para no ser tan duro hacia un sector destacó con insistencia que él desde un principio está pidiendo celeridad a la justicia en la investigación de la quema del Congreso y de la irrupción de los 25 policías en la sede del PLRA el 31 de marzo pasado, que tuvo como consecuencia el asesinato del joven Rodrigo Quintana.
El Defensor del Pueblo cuestionó duramente a los liberales al indicar que estos al parecer no quieren celeridad de la justicia, porque ya presentaron 18 recusaciones en el caso de Quintana, según explicó. “Podés no confiar en un fiscal, pero cuando ya no confiás en 18 fiscales significa que querés alargar la causa”, dijo.
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