El Dr. Paublino Escobar Garay, Defensor Adjunto, en su dictamen de agosto del 2024 ya había expresado su oposición a la propuesta legislativa vetada por Peña el fin de semana, por ir en contra de la Constitución Nacional y el Pacto de San José de Costa Rica. La propuesta normativa, vetada el fin de semana […]
El Dr. Paublino Escobar Garay, Defensor Adjunto, en su dictamen de agosto del 2024 ya había expresado su oposición a la propuesta legislativa vetada por Peña el fin de semana, por ir en contra de la Constitución Nacional y el Pacto de San José de Costa Rica.
La propuesta normativa, vetada el fin de semana por el presidente Santiago Peña, tiene como objetivo permitir a la institución permitir la regulación de honorarios de defensores públicos, “porque la regulación de honorarios evitaría que personas que cuenten recursos económicos suficientes para pagar un abogado privado se aprovechen del servicio gratuito de la institución, en detrimento de las personas sin recursos económicos y en detrimento de los podrán ser utilizados para mejorar la calidad del servicio”.
En su dictamen, el Adjunto mencionó que primeramente que la Constitución Nacional establece en su Art. 17 inc. 5) el derecho de toda persona de ser asistida por un defensor gratuito en caso de no disponer medios económicos para solventarlo. “Dicha norma de rango constitucional indicaría a priori, que la Defensa Pública solamente debería prestar asistencia en tales casos, es decir, cuando el procesado no pueda pagar un abogado particular. Ahora bien, la propia carta magna establece en su Art. 16, la garantía de la Defensa en Juicio y, conteste a la misma, se halla en nuestro ordenamiento...
En el mismo sentido, indicó que el Pacto de San José de Costa Rica, suscrito por el Paraguay por Ley 1/89, en su Art. 8 punto 2 apartado e), establece el derecho irrenunciable de toda persona sometida a proceso de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si aquella no se defendiere por sí mismo, o no nombrare un defensor dentro de un plazo establecido por la Ley.
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