Abuso de posición dominante A los efectos de aterrizar los principios constitucionales, el Congreso Nacional sancionó la Ley 4956/2013, De Defensa de la Competencia (Ley). En este contexto, una de las prácticas centrales del derecho antimonopólico constituye el denominado abuso de posición dominante. En nuestro marco normativo, una persona física o jurídica ocupa una posición dominante cuando sus productos o servicios no se encuentran expuestos a una competencia efectiva y sustancial. La posición de fuerza económica hace que dicha empresa ejerza una notable influencia en las condiciones competitivas o anticompetitivas del mercado. Según Massimo Motta, en muchos casos el abuso de posición dominante incluye prácticas desleales de exclusión, explotación o extorsión hacia ciertos actores económicos. Conductas consideradas como abuso de posición dominante La Ley incluye una lista no exhaustiva de conductas que pudieran ser consideradas en ciertos casos como un abuso de posición dominante. El caso de la soja La subordinación de prestaciones suplementarias a la celebración de un determinado contrato, en el marco de un abuso de posición dominante, se da con muchísima frecuencia en nuestro país, particularmente en la agricultura y más específicamente en la producción de soja. La empresa no solamente detenta una posición dominante, sino que abusa de ella. Si por algún motivo en las cosechas futuras el productor no llegare al objetivo del contrato, la empresa se quedará con la propiedad y aumentará, una vez más, su posición dominante. En el caso de la soja, la posición dominante no solamente se torna abusiva, sino un mecanismo de extorsión y exclusión que crea un cuasi-feudalismo de nefastas consecuencias económicas y sociales.
Todos los ordenamientos jurídicos tienen normas que garantizan la libre competencia. En algunos casos, dichas normas tienen incluso rango constitucional. En la Argentina, por ejemplo, la Constitución de 1994 garantiza la defensa de la competencia “contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales’’. En el Paraguay, la Constitución Nacional reconoce el principio de la libertad de concurrencia. Además, ella garantiza la competencia en el mercado y prohíbe la creación de monopolios y el alza o la baja de precios que traben la libre concurrencia.
Dichos principios constitucionales constituyen algunos de los elementos centrales del derecho antimonopólico. Como lo menciona Alden Abbot, en la actualidad esta rama del derecho –la cual tiene una relación umbilical con la economía– busca promover el bienestar del consumidor y generar eficiencias económicas. Según Abbot, el derecho antimonopólico prohíbe aquellas conductas comerciales y o empresariales que perjudican el proceso competitivo, cuando no exista una eficiencia brindada al quehacer económico que pudiera eventualmente servir de justificativo.
A los efectos de aterrizar los principios constitucionales, el Congreso Nacional sancionó la Ley 4956/2013, De Defensa de la Competencia (Ley). La Ley prohíbe varias conductas que son contrarias a la libre competencia. En este contexto, una de las prácticas centrales del derecho antimonopólico constituye el denominado abuso de posición dominante. En nuestro marco normativo, una persona física o jurídica ocupa una posición dominante cuando sus productos o servicios no se encuentran expuestos a una competencia efectiva y sustancial.
En el célebre caso Hoffmann-La Roche, la Corte Europea de Justicia sostuvo que la posición dominante se da en aquellos casos en los cuales una empresa posee una situación de fuerza económica que le permite prevenir de varias maneras la efectiva competencia en el mercado relevante. La posición de fuerza económica hace que dicha empresa ejerza una notable influencia en las condiciones competitivas o anticompetitivas del mercado. Por lo general, los ordenamientos jurídicos castigan el abuso y no la mera existencia de una posición dominante. Según Massimo Motta, en muchos casos el abuso de...
Leer la nota completa en Diario 5 Días
