González explicó que el decreto no implica un cambio en la operatividad cotidiana ni en el rol principal de las
González explicó que el decreto no implica un cambio en la operatividad cotidiana ni en el rol principal de las fuerzas de seguridad, sino que brinda un marco legal claro para que las Fuerzas Armadas puedan actuar cuando se enfrenten a grupos criminales de alta peligrosidad, dotados de armas de guerra, entrenamiento pseudo-militar y con intenciones de desafiar la autoridad soberana del Estado.
“El uso de elementos de combate de las Fuerzas Armadas está previsto solo para casos extremos y específicos. Hablamos de organizaciones criminales que representan un peligro real para la ciudadanía”, afirmó el ministro, subrayando que toda acción requiere una orden precisa del presidente de la República, en su carácter de comandante en jefe.
El titular de Defensa dejó en claro que no habrá despliegues masivos ni ocupación militar de departamentos. La operatividad seguirá siendo la misma que se venía aplicando con la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en sus frentes Norte y Sur, que ya cubrían siete departamentos de la Región Oriental.
La diferencia, explicó, es que ahora el decreto extiende la jurisdicción legal, permitiendo la intervención de las Fuerzas Armadas en cualquier punto de la Región Oriental solo cuando la situación lo amerite, siempre en coordinación con la Policía Nacional, la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), bajo control del Ministerio Público y con autorización expresa del Poder Judicial. “No se trata de establecer presencia permanente en todos los departamentos. El decreto habilita la acción, no la impone”, recalcó González.
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