La cuestionada jubilación parlamentaria vuelve a instalarse en la agenda política con una reunión prevista en la Cámara de Senadores entre las autoridades de la Caja Parlamentaria y referentes del Congreso, en un contexto marcado por fuertes reclamos ciudadanos que exigen terminar con los privilegios previsionales de diputados y senadores mientras otras cajas del Estado atraviesan una crisis profunda.
La presidenta de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Congreso, Blanca Lila Mignarro, acudirá junto a los demás miembros de la administración a un encuentro con el presidente del Congreso, Basilio Bachi Núñez, y con integrantes de la Comisión Permanente, encabezada por Colym Soroka. El objetivo formal de la reunión es analizar la situación financiera de la caja parlamentaria y explorar eventuales modificaciones al régimen de aportes y beneficios que rige para legisladores.
El encuentro se da luego de una creciente presión social que cuestiona la exclusión de la Caja Parlamentaria de las reformas previsionales impulsadas por el Ejecutivo, en momentos en que se debate con dureza la reforma de la Caja Fiscal que afecta a docentes, policías, militares y otros funcionarios públicos. Para amplios sectores de la ciudadanía, resulta inaceptable que se reclame sacrificios al resto del Estado mientras se mantienen beneficios excepcionales para una élite política.
En ese escenario, el titular del Congreso presentó una propuesta de modificación legal que busca introducir algunos ajustes al régimen parlamentario. Entre los cambios planteados figura elevar la edad de jubilación de los legisladores de 60 a 65 años, aumentar el aporte de los parlamentarios activos del 22 al 24 por ciento, incrementar el aporte de los jubilados del 12 al 14 por ciento y reducir el porcentaje de pensión del 40 al 25 por ciento. Estas medidas fueron presentadas como un gesto para atender las críticas, aunque desde la oposición y sectores sociales las calificaron de...
Para los críticos, estas modificaciones no eliminan la raíz del problema: la existencia de una jubilación privilegiada, financiada en gran parte por recursos públicos, que mantiene una brecha profunda frente a las condiciones que enfrentan los trabajadores comunes. En ese sentido, sostienen que cualquier reforma que no suprima la Caja Parlamentaria o la equipare plenamente al régimen general seguirá perpetuando una desigualdad estructural.
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