La Fiscalía concluyó que existió daño patrimonial en la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines, al comprobarse las numerosas irregularidades en el procesamiento de préstamos por parte de los actuales directivos.
Pese a las graves acusaciones hacia los dirigentes, todos imputados, siguen al frente del Consejo de Administración, lamentaron dirigentes de la Asociación de Jubilados de Bancos Privados durante una visita a la redacción de nuestro diario.
La acusación se encuentra dentro del marco legal del hecho punible de lesión de confianza, por lo que consideran inadmisible que los dirigentes imputados sigan al frente de la institución.
Cabe señalar que la fiscala Victoria Acuña imputó ya en enero pasado al presidente de la Caja Bancaria, José Caballero, y los miembros del Consejo de Administración Miguel Ramón Oro Domínguez, Ángel Ramón Chamorro y Xavier Alberto Hamuy Campos Cervera.
A su vez, imputó a César Rodrigo Amarilla, gerente general de la Caja de Jubilaciones y representante legal de la firma Karaku SRL, empresa de fachada desde donde se desviaron más de G. 400 millones, aunque la suma podría trepar a casi G. 4.000 millones, de acuerdo con una pericia.
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