Un Tribunal de Apelación rechazó devolver un vehículo que había sido incautado de la residencia de Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del difunto diputado colorado cartista Eulalio “Lalo” Gomes. La pretensión de recuperar el vehículo fue nada menos que del cuñado de Miguel Ángel Servín Palcios, alias Miguel Celular, procesado en el caso Belia. Esto y que en los allanamientos del caso Pavo Real se hallaran documentos de la esposa del último, permiten suponer una conexión.
El Tribunal de Apelaciones, integrado por los camaristas Claudia Carolina Criscioni Ferreira, Digno Arnaldo Fleitas Ortiz y Silvana Raquel Luraghi Sarubbi, mediante el Auto Interlocutorio (AI) N° 131 ratificó el AI N° 363 del juez penal de garantías Especializado en Crimen Organizado, Osmarl Legal, quien rechazó devolver una camioneta Toyota Hilux negra, con placa AHJK 800, incautada del domicilio de Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes, por el operativo II.
Llamativamente quien pretendió recuperar el citado rodado es Jorge David Lailla Villalba, bajo patrocinio del abogado Iván Fretes Balbuena. El mismo es hermano de Liz Katherine Lailla Villalba, esposa del acusado por narcotráfico en el caso , Miguel Ángel Servín Palacios, alias Miguel Celular.
El pretendiente del vehículo había planteado un incidente de devolución del vehículo, que le fue rechazado por el juez Osmar Legal. Esto bajo fundamentación de que “forma parte de las evidencias incautadas en el allanamiento sujeto a Comiso y encontrándose la causa en etapa investigativa, por ende, esta Magistratura considera que no corresponde su devolución”.
Ante ese revés, apeló la resolución del magistrado. En esa instancia, Lailla Villalba recibió un nuevo rechazo, pues la magistrada Silvia Luraghi consideró “que dentro de la investigación de hechos punibles de la naturaleza de la presente causa, como lo es el lavado de dinero proveniente del narcotráfico, la investigacion patrimonial de bienes es esencial, y los bienes que son incautados deben ser sometidos a una rigurosa y responsable investigación por parte de los agentes fiscales intervinientes, a fin de determinar si los mismos son resultados o productos de la comisión de los ilícitos”.
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